El Gobierno de Cuba rechazó este miércoles la implementación por la Administración de Joe Biden de medidas coercitivas unilaterales contra la República Bolivariana de Venezuela.

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En comunicado difundido a través de X, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla condenó la intención de la Casa Blanca de mantener las medidas de presión existentes e incrementarlas con el fin explícito de desestabilizar a la nación suramericana y provocar un cambio de Gobierno que le permita hacerse con los recursos del país, que pertenecen legítimamente a su pueblo.

Rodríguez Parrilla demandó que las sanciones unilaterales e ilegales que impusieron los EE.UU. y naciones europeas sean levantadas y dejen de lacerar el bienestar del pueblo venezolano.

Durante una intervención pública a inicios de este año, el presidente venezolano Nicolás Maduro denunció que a consecuencia de las sanciones, Venezuela dejó de producir 3.993 millones de barriles de petróleo, lo que «supuso una pérdida para el país de 323.000 millones de dólares».

Además, responsabilizó a los EE.UU por implementar sanciones económicas contra su Gobierno.
El jefe de Estado detalló que hasta ese momento la Casa Blanca y un grupo de naciones acólitas habían impuesto 930 medidas coercitivas unilaterales.

Calificó la guerra de Washington contra Venezuela como «un verdadero genocidio económico» y precisó que las pérdidas totales de la economía nacional, sector público y privado en términos de caída del Producto Interno Bruto entre el 2015 (cuando EE.UU. declaró a Venezuela amenaza a su seguridad nacional) y el 2022 fueron 642.000 millones de dólares.

Este miércoles, Maduro Moros afirmó que las medidas coercitivas unilaterales no impedirán el desarrollo nacional pues el país cuenta con un modelo económico diversificado que le permite andar con pies propios.

Durante esa jornada, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, denunció que EE.UU. se comprometió a emitir una licencia general para autorizar operaciones en el sector gas y petróleo y autorizar transacciones relacionadas con el Banco Central de Venezuela, pero no lo hizo.

En coincidencia con la maniobra estadounidense, representantes de la oposición violenta, entre ellos María Corina Machado, Julio Borges, Leopoldo López y otros pidieron más sanciones contra el pueblo venezolano.

Las medidas coercitivas unilaterales privaron a Venezuela de significativos ingresos, debilitando los salarios y las prestaciones sociales para perjudicar sobre todo a los sectores más desfavorecidos y menguar los resultados de políticas públicas concebidas en su protección.

Las medidas de presión de EE.UU. y naciones europeas constituyen una violación flagrante de los derechos humanos de los venezolanos. En febrero de 2021, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre el Impacto Negativo de las Medidas Coercitivas Unilaterales en el Disfrute de los DD.HH., Alena Douhan, denunció que estas medidas unilaterales impiden a Venezuela la compra de medicinas, vacunas, alimentos, equipo médico, repuestos y otros bienes de primera necesidad para garantizar el ejercicio de los DD.HH. y dificultan el restablecimiento de servicios públicos.

Manifestó que son violatorias del derecho internacional y que su intención declarada de provocar una implosión social y intentar cambiar el actual Gobierno venezolano viola el principio de igualdad soberana, constituye un acto injerencista y afecta las relaciones internacionales.

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